Juicio Guillermo Acedo C/IBM Argentina

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SENTENCIA en primera Instancia N° 1.357

Jueves 15 de noviembre de 2007, por administrador

JUZGADO DEL TRABAJO N° 9

SENTENCIA N° 1.357

EXPTE. N° 5.450 / 2005 - AUTOS: " ACEDO GUILLERMO NORBERTO C/IBM ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO"-

Buenos Aires, 5 de Noviembre del 2007.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDOS:

I) Guillermo Norberto Acedo sostiene que ingresó a trabajar para la demandada en fecha 12 de noviembre de 1979, con las tareas, horario y percibiendo como mejor remuneración la que señala.

Refiere que a lo largo de la relación laboral nunca fue pasible de sanciones disciplinarias.

Dice que en el mes de julio del año 2002, el actor decidió afiliarse a la Central de Trabajadores Argentinos (C.T.A.) siendo electo vocal titular de la Comisión Ejecutiva de Lomas de Zamora, ello en el mes de Agosto del año 2003.

Advierte que dicha función gremial fue ejercida sin interrupción alguna de su labor para la demandada, ya que la cumplía fuera de su horario de labor.

Aduce que en la empresa demandada no existe representación sindical alguna, ni cuerpo de delegados, ni rige Convenio Colectivo alguno, y que los empleados aportan a obra social que no resulta ser una obra social sindical.

Que tal situación, la de evitar la constitución o la acción de entidades sindicales, es el resultado de una política empresaria de la demandada, y explica la parte actora los alcances de la misma a tenor de las consideraciones que efectúa.

Así las cosas, dice el actor que la empresa demandada tomó conocimiento de su activa participación en el conflicto gremial que menciona, ello considerando que fue difundido por los medios masivos de comunicación.

Agrega que la oficina de Recursos Humanos a través de la persona que individualiza, le comunica al actor la decisión de la empresa de proceder a su desvinculación, ofreciéndole una gratificación si la desvinculación se producía por mutuo acuerdo, que incluía el pago de los conceptos que especifica.

Añade que ante su negativa a tal ofrecimiento, la empresa demandada le comunica en forma verbal que le rebajaría el salario y su categoría laboral.

Dice que tal situación se efectivizó en fecha 14 de setiembre del 2004, ya que por medio de un escribano la empresa le pone en conocimiento que se le reduciría el sueldo, se la bajaría la categoría profesional y se procedía a suspenderlo con goce de haberes hasta el día 13 de octubre de ese año.

Que en fecha 17 de setiembre del 2004, el actor envía comunicación telegráfica por medio de la cual rechaza las decisiones de la accionada aludidas, fija su posición en la especie e intima a la empresa a dejar sin efecto las medidas adoptadas, todo ello por ser discriminatorias.

Dice el actor que se produjo el intercambio telegráfico que transcribe en la demanda, por medio del cual la accionada ratificó su decisión aludiendo a una supuesta necesidad de acomodamiento de tareas y cargos, lo cual rechaza por falso.

Denuncia que la razón era su actividad gremial y asimismo la empresa procedió a extenderle en forma sucesiva la licencia otorgada, ello mientras se producía la intervención del Servicio de Conciliación Laboral del Ministerio de Trabajo.

Así es que finalmente, en fecha 20 de noviembre del 2004 la accionada procede a despedirlo, ello mediante comunicación telegráfica que transcribe, e invocando una causal que rechaza mediante idéntica vía, por falsa y maliciosa, fijando su posición en la especie.

Luego de tal reseña, la parte actora aborda la cuestión desde el plano jurídico, solicitando la reinstalación en el puesto en las condiciones que lo venía cumpliendo, ello en virtud de las consideraciones que efectúa y que se sustenta en valorar nulo el despido en virtud de lo previsto en el art. 1° de la ley 23592 y la vulneración de los derechos constitucionales que enuncia.

Por otra parte, entiende corresponde el resarcimiento de los daños materiales y morales y sin perjuicio de ello, en forma subsidiaria para el supuesto que no prospere la reinstalación solicitada, peticiona la procedencia de los rubros indemnizatorios en razón del despido incausado.

Asimismo, plantea la medida cautelar innovativa con fundamento en la ley 23551 y 23592, así como las inconstitucionalidades de las normas que explícita.

Solicita entonces el progreso de la presente acción con costas.

La parte demandada contesta la demanda y niega que el despido del actor fuera por participar de una asociación sindical y por discriminación, que se hayan violado los derechos constitucionales y normas que señala y por lo tanto que se deba reinstalar al actor.

Niega también que el actor sea acreedor de daños materiales, morales y demás rubros objeto de reclamo.

Que el despido fuera nulo, que existieran indicios de discriminación y que las modificaciones en las tareas, categoría y salario tuvieran como causa la actividad gremial del actor.

Niega también que el actor tuviere garantía gremial y cada uno de los hechos articulados en el inicio.

Asimismo sostiene la accionada que en el caso no procede la reinstalación en el puesto peticionada, ya que no resulta aplicable la ley 23551, atento que el actor no poseía tutela sindical en virtud de que la C.T.A. a la cual pertenecía, no cuenta con personería gremial.

En igual sentido se refiere a la aplicación de la ley 23592 y el pedido de reinstalación objeto de reclamo, a tenor de las consideraciones que efectúa.

Por otra parte, tras efectuar un relato con su versión de los hechos acaecidos y rechazar la tesitura de que la empresa lleva a cabo políticas antisindicales, hace alusión a la causal invocada para proceder al despido del actor.

Con relación a dicho punto, dice la demandada que el actor fue el responsable de la página web que menciona y que a través de la misma se configuró la inconducta del actor que provocó la decisión de despedirlo atento la injuria incurrida por éste.

Alude a la utilización indebida y sin autorización de la marca IBM en la página web mencionada, así como a la difamación de parte del personal directivo de la empresa en los términos que señala.

Tras describir en detalle los hechos acaecidos según su óptica y efectuar otras consideraciones, plantea la inconstitucionalidad de la norma que menciona y contesta las planteadas por la contraparte.

Solicita finalmente el rechazo de las pretensiones deducidas por el actor, con costas.

A fs. 34 y vta., obra el dictamen de la Sra. Fiscal acerca de la medida precautoria solicitada por la parte actora, la que es rechazada a fs. 38. Atento los términos en que quedara trabada la litis, corresponde merituar si a la parte actora le asiste razón en litigar como lo hace.

Dicha parte solicita con fundamento en el despido directo producido por la accionada, la reinstalación en su puesto así como la reparación de los daños materiales y morales, ello con fundamento en la ley 23592, por entender que dicha decisión resulta ser nula por tratarse de una actitud discriminatoria hacia su actividad gremial, la que aparece protegida por la ley 23551 y demás normas que invoca.

En forma subsidiaria, peticiona que de no accederse a tal solicitud, se condene a la accionada al pago de los rubros indemnizatorios por tratarse de un despido incausado.

Delimitada así la cuestión, debo señalar que en cuánto a la ocurrencia de los hechos ventilados en este juicio, sobre algunos de ellos, las partes se encuentran contestes a la luz de los relatos efectuados tanto en el inicio como en el responde.

De esta manera, la relación laboral invocada por el actor y el despido directo dispuesto por la empleadora, se encuentran reconocidos entre sí. Idéntica situación con respecto al intercambio telegráfico habido entre las partes, por lo que tales extremos cabe tenerlos por ciertos. (art. 330 y 356 del CPCCN).

Ahora bien, la parte actora solicita la reinstalación en su puesto laboral habida cuenta que la decisión de la empleadora de proceder a su despido resulta ser un acto nulo.

Alude a la figura de la reinstalación incluida en la ley 23551 y a su carácter de representante gremial pero aclara que la vía elegida es la prevista en la ley 23592, ya que en la especie existió discriminación por parte de la empresa atento su actividad gremial y la política de la empresa demandada contraria a tales actividades.

En este orden de ideas, debo apuntar que la medida peticionada por la parte actora resulta ser- en principio- excepcional, habida cuenta que el instituto de la reinstalación aparece legislado dentro de la órbita del derecho laboral precisamente en los casos de protección de la tutela sindical.

Desde ésta óptica y a todo evento - sin perjuicio de luego tratar el tema desde la otra normativa elegida por el actor- es dable puntualizar que el actor resultó ser electo como vocal titular de la Comisión Ejecutiva de Lomas de Zamora de la Central de Trabajadores Argentinos -C.T.A.- ello en el mes de setiembre del 2003, extremos en definitiva no cuestionados entre las partes.

Tal como sostiene la Sra. Fiscal en su dictamen obrante a fs. 34 y vta., coincido con su apreciación en cuanto a que el art. 52 de la ley 23551 extiende su tutela a los casos de cargos y representantes gremiales de una asociación sindical con personería gremial, supuesto que no se configura en el caso de la C.T.A.

También mi opinión es coincidente con la expresada por la asesoría letrada de la I.N.A.D.I. - ver oficio contestado a fs. 1.736/1.761- en cuanto a que para que le corresponda la tutela en los términos de la norma señalada, el actor debería haber sido representante gremial de los trabajadores de su empresa - ver consideraciones de fs. 1748 y 1749- extremo que no se configura en este caso.

En virtud de lo reseñado y a todo evento, cabe descartar la posibilidad de la reinstalación desde la perspectiva de la ley 23551.

Hecha tal salvedad, se impone analizar entonces si es posible hacer lugar a la pretensión de la parte actora de considerar nulo el despido, ello en virtud de lo normado por el art. 1° de la ley 23592.

Cabe puntualizar a este respecto, que si bien resultaría viable la posibilidad de considerar nulo el despido por la vía jurídica en cuestión, queda claro que para que ello ocurra resulta imprescindible concluir en que el despido obedeció a una actitud discriminatoria por parte de la empresa y no a otra razón.

Asimismo para que esta actitud discriminatoria se configure, resulta necesario que se den los presupuestos que establece el art. 1° de la ley 23592 y en homenaje a la brevedad me remito a las consideraciones vertidas por la Asesoría Letrada del I.N.A.D.I. en su dictamen referido - ver fs. 1747- atento además compartir la exposición que realiza sobre el particular.

Delimitada así la cuestión, adelanto mi opinión en el sentido que si bien se vislumbra de las declaraciones efectuadas por los testigos ofrecidos por la actora una conducta por parte de la empresa demandada renuente a aceptar actividad gremial en el ámbito laboral, lo cual puede suponer una conducta discriminatoria en los términos de la ley señalada- tal como concluye el informe del I.N.A.D.I.-, no encuentro que dicha conducta fuera la causa concreta y específica que derivara en el despido del actor.

En este orden de ideas, concuerdo con lo aseverado por la parte actora en su demanda y también con las consideraciones vertidas al respecto por el I.N.A.D.I. -aunque el dictamen de esta última no causa estado así como tampoco me obliga, ya que las pruebas de los hechos de discriminación alegados deben ser acreditados en la causa-, existen serios indicios en cuanto a que el origen de la cuestión suscitada entre las partes estuvo vinculada al ejercicio de la actividad gremial del actor.

Sin embargo, cabe hacer hincapié en que en esta instancia judicial se impone analizar la ocurrencia de los hechos, tal como sucedieron y no los que pudieran suceder, quedando estos últimos en el plano de lo posible y ajenos a la decisión judicial.

En este sentido, a mi entender, de las probanzas producidas queda evidenciado que la aparición de la página web a que hace alusión la empleadora, cuya autoría imputa al actor así como también la responsabilidad de la misma, fue la razón motivante de la desvinculación.

Este hecho, la existencia de la página web con expresiones contrarias a la dignidad de personal directivo de la empresa, se encuentra acreditado y cuanto menos la demandada tenía suficientes motivos para entender que el actor tuvo alguna participación en ese hecho.

Con este sustento configuró el distracto, sin perjuicio de señalar que luego habré de analizar si el mismo revestía la suficiente gravedad como para justificar el despido del actor.

Esto significa que resulta compatible que a la luz de la acreditación del hecho de marras el despido tenga ese significado y aún cuando luego no se valore justificado el mismo.

Ahora bien, en cuánto a la existencia de la conducta antisindical de la demandada denunciada por la actora, entiendo que por la manera en que fueron ocurriendo los hechos, así como las pruebas testimoniales producidas, es dable establecer que la accionada no veía de buen grado la actividad sindical de sus dependientes y que en su caso, estaba dispuesta a adoptar medidas para neutralizar tales actividades.

Desde ésta perspectiva, resulta un hecho acreditado en estas actuaciones, que la accionada al contratar a un dependiente le imponía como condición la de no afiliarse a sindicato y partido político alguno.

En tal sentido, las declaraciones testimoniales rendidas por Richemond a fs. 905/908 - quien se desempeñara como gerente técnico-, Buder a fs. 910/911 - dependiente de la empresa-, Bugallo a fs. 919/921 - técnico - y Brizzi a fs. 1711/ 1713 - también empleada- dan cuenta de la firma al ingresar a la empresa demandada de un compromiso en el sentido indicado.

Dichas testimoniales son impugnadas por la parte demandada, pero no encuentro mérito para considerar la falta de fuerza probatoria en cuanto al punto en análisis.

Asimismo, el testigo propuesto por la demandada -ver testimonio de Maresca a fs. 1714/1720- quien se desempeñara como gerente- refleja que no había representación sindical alguna y que en su carácter de gerente nunca se le presentó la situación que algún empleado se afiliara a un sindicato.

Por otra parte, si bien la parte demandada aduce que la falta de representación sindical en todo caso se configuraba por ausencia de sindicato en el área informática, resulta realmente llamativo que una empresa de la envergadura de la demandada - con más de mil empleados -ninguno tuviera afiliación ni inquietud de tenerla y que justamente el que la tuvo - por caso el actor- fue objeto de un intento por parte de la demandada de terminar la relación laboral - fallida- ofreciendo una salida pactada lo cual fue rechazado por el actor.

En este orden de ideas, también resulta sugestivo que la accionada pretendiera acordar la salida del actor de la empresa en forma contemporánea a la aparición del actor por los medios de comunicación masiva a raíz de un conflicto gremial en el cual participara- mes de setiembre del 2004- ver declaración testimonial de Wasiejko a fs. 923/925 y video acompañado y visualizado según constancia de fs. 1859/1860 por las partes y la suscripta-.

Ensaya su defensa la accionada sosteniendo que en todo caso el accionante venía cumpliendo su función gremial desde un año atrás sin sufrir hostigamiento alguno, pero debo señalar que me permito a este respecto inferir que no hay indicio que la accionada estuviera en conocimiento de la actividad gremial del actor en forma anterior a aquella aparición, ya que la C.T.A. informa de tal extremo con su comunicación telegráfica de fecha posterior a los sucesos en análisis.

Así también, la función del actor en calidad de dirigente gremial de la C.T.A. era cumplida fuera del horario de labor y obviamente fuera del ámbito laboral, por lo que teniendo en cuenta la política empresarial contraria a tales actividades, es razonable deducir o mejor dicho, presumir que la primera noticia que tuvo la accionada fue la filmación aludida y que ello motivó sin más, el ofrecimiento de salida acordada.

En virtud de lo expresado, considerando las reglas de la sana crítica y haciendo una lectura lógica y prudencial de lo acontecido, cabe concluir en que resulta demostrado en autos que la empresa demandada mantenía una política de desalentar entre sus empleados - desde su ingreso- la realización de cualquier actividad gremial e inclusive la posibilidad de que se afiliaran a sindicato alguno.

Así también que estando el actor incurso en esta situación, la empresa intentó acordar la salida del mismo y al no lograrlo adoptó la medida de suspenderlo con goce de haberes y comunicarle la rebaja de categoría y salarial. (art. 330,356,377,386 del CPCCN, art. 90 de la L.O.)

Cabe decir que francamente no resulta creíble la aducida reestructuración invocada por la accionada como justificación a aquellas medidas, ya que ni siquiera de la lectura del responde se puede concretamente visualizar en qué consistía la misma y la necesidad de tal medida extrema para con el actor.

Digo esto, ya que si bien el testigo ya mencionado y propuesto por la accionada, Maresca da una explicación coincidente con la brindada por la accionada en el responde y que incluye los nombres de personas que fueron las posibles candidatas a sufrir el cambio en cuestión, finalmente recayó en el actor.

Si nos atenemos al contexto en el que se iban desarrollando los hechos, no hay duda alguna que la invocada reestructuración de la accionada debió haber sido suficientemente explicada en detalle y fundamentalmente demostrada en autos, lo cual no encuentro y por lo tanto cabe descartar tal justificación.

Ahora bien, durante el transcurso de los hechos reseñados ocurre la aparición en Internet de la página web ibm. discrimina.

Al respecto debo señalar que el actor en su demanda hace referencia a la existencia de la misma por lo que cabe tener por cierto tal extremo, sin perjuicio de agregar que surge acreditado del oficio contestado por la escribana oficiada a fs. 671/672 la que remite la documental que alude.

De los propios términos de la demanda, surge también reconocido por el actor que dicha página fue creada en fecha 23 de setiembre del 2004, esto es, en forma contemporánea a las decisiones de la empleadora y que fueran objeto de reseña.

Esto implica que el contenido de la misma se fue configurando a partir de aquella fecha, con lo cual, no comparto la tesitura de la actora en cuanto a que la accionada tenía conocimiento de la misma en fecha muy anterior a la del despido - acaecido el 24 de noviembre del 2004 - ya que insisto, el contenido de la página se fue nutriendo en forma contemporánea a los hechos suscitados y que son materia de análisis.

Asimismo, dice el actor que fue la C.T.A. la que creó la página en cuestión y no efectúa mayores consideraciones sobre el particular.

Cabe decir a este respecto, que en dicha página si bien aparece como la entidad registrante la C.T.A., también surge el actor como persona responsable de la misma, ello tal como lo señala la accionada en su responde y alegato, todo lo cual se verifica del acta labrada ante la escribana precedentemente mencionada.

Es decir que no se puede soslayar la actuación del actor como participante de dicha página, ni tampoco que a través de ella se volcaron expresiones que afectaban de manera personal al honor y dignidad de algunas personas que trabajaban en la empresa demandada y que eran vertidas por otros participantes de la página de marras.

Con respecto a esta situación, cabe decir que constituyó un elemento autónomo a la situación que se venía desarrollando entre las partes, que la ocurrencia del actor no se condecía con los principios que emanan de los arts. 62 y 63 de la L.C.T. y por lo tanto, que tenía entidad como para adoptar medidas por parte de la empleadora, ya que no es posible entender que debía permanecer indiferente ante tamaña actitud.

Es por ello, que a mi entender, tal incumplimiento del actor ameritaba alguna toma de decisión disciplinaria al respecto que en el caso fue el despido directo.

En este punto es que llego a la conclusión en que si bien no comparto que la única decisión disciplinaria posible a adoptar por parte de la empleadora fuera el despido, atento las razones que luego expondré, sí entiendo que disipa la posibilidad de asociar en forma directa el despido con la discriminación denunciada.

En efecto, haciendo una interpretación prudencial del tema, no se puede ignorar que ante dicha situación incumbía a la demandada adoptar algún tipo de medida y que en este caso, no se puede concluir en que su ejercicio evidenciaba una actitud discriminatoria, teniendo en cuenta que tal posibilidad resulta facultad del empleador según expresa el art. 67 de la L.C.T.

Tal conclusión sin tomar en cuenta la alegada utilización del logo y marca IBM denunciada por la accionada, ya que no queda clarificado el tema atento lo expuesto por la oficiada a fs. 1695 -Instituto Nacional de la Propiedad Industrial- quien alude a la falta de distinción de colores y teniendo en cuenta que no altera lo expresado.

Como corolario de lo expuesto, se impone descartar que el despido del actor haya obedecido a la causal invocada en el inicio y de la cual se sustenta para solicitar la nulidad del mismo y por consiguiente pedir la reinstalación en el puesto, lo que así declaro. (art. 330,356 del CPCCN, art. 62,63,67 y conc. de la L.C.T.).

Sin perjuicio de lo referido precedentemente, entiendo que la decisión del despido dispuesto por la empleadora no resultó proporcional a la actitud incurrida por el acto, por lo que entiendo que corresponde hacer lugar al reclamo subsidiario objeto de reclamo, esto es, las indemnizaciones legales correspondientes.

En efecto, la causal invocada por la empleadora si bien le posibilitaba el ejercicio de su poder disciplinario, entiendo que en el presente caso hubiera correspondido aplicar una sanción de menor gravedad que la decidida.

En este sentido no puede soslayarse la particular situación que venía soportando el actor ante la posibilidad cierta de perder su fuente de trabajo o al menos cambios que notoriamente lo perjudicaban tan sólo por el hecho de ejercer una actividad gremial.

Tampoco la larga antigüedad que poseía en la empresa sin antecedentes disciplinarios, así como que lo reprochable de su conducta en todo caso residía en detentar su responsabilidad en el contenido de la página web y lo que allí se reproducía por parte de terceros ya que con respecto a la utilización del logo me remito a lo expresado y en todo caso, aún desde la óptica de la accionada de tenerlo por configurado, ello tampoco hubiera cambiado el curso de las conclusiones a las que arribo.

En atención a tales circunstancias, lo normado por el art. 67 y concordantes de la L.C.T., en cuanto establece la proporcionalidad de la sanción disciplinaria con el hecho pasible de sanción, lo normado por el art. 10 de la L.C.T. - prevalencia del principio de continuidad del contrato de trabajo-, es que concluyo en que el despido dispuesto por la accionada no se ajustó a derecho, lo que así declaro. (art. 242 y 243 de la L.C.T.).

Por ello es que el actor será acreedor a las indemnizaciones legales que más adelante se detallarán, lo que así declaro.

Con relación al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada de los sucesivos decretos que prorrogaron la aplicación de la ley 25561, será rechazado.

En efecto, desde la óptica que analiza dicha parte el tema, esto es que no es válido la prórroga por vía de decreto de la ley en cuestión, la jurisprudencia ha entendido que los mismos no resultan inconstitucionales.

Se ha dicho que" el decreto 264/02 no configura un exceso reglamentario, pues el art. 16 de la ley 25561 hace una clara alusión a la "indemnización" como concepto genérico y el principio protectorio regente del derecho del trabajo es coherente con esta interpretación. No existe ningún elemento que permita sostener la presencia de una indebida asunción de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo de la Nación, prescindiendo de la clara delegación a la que alude el art. 1° de la ley 25561" -C.N.A.T., Sala III, expte. 28333/02, sent. 85555, del 30/12/03, Sánchez Alberto c. Corporación General de Alimentos S.A. s/ despido-.

Por otra parte, la invocada ley 25972 - B.O.17/12/2004- y Decreto Reglamentario, tachados de inconstitucionales por la accionada, dable es decir al respecto que tales normas entraron en vigencia con posterioridad al despido del actor, acaecido en fecha 20 de noviembre del 2004, por lo que no son aplicables y por ende su tratamiento resulta abstracto.

A su vez, la parte actora plantea que en el presente caso no se aplique tope alguno a la indemnización por antigüedad así como la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 245 de la L.C.T., lo cual es rechazado por la parte demandada en su responde.

Al respecto, cabe decir que aún cuando al trabajador no le resulte aplicable ningún convenio colectivo, le es oponible el sistema de topes previstos en el art. 245 de la L.C.T., ello en atención a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación - ver C.S.J.N. 27/5/1999, Génova c/Televisión Federal S.A., D.T. 1999- B, 2274-.

Pero es dable remarcar que el art. 245 de la LCT en su tercer párrafo prevé que para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable en el caso que hubiere más que uno.

En el presente caso, ambas partes están contestes en la inexistencia absoluta de convenio colectivo en el ámbito donde se desarrolló la relación laboral, por lo que coincido con lo expresado por el Dr. Eduardo Alvarez a fs. 90 en el libro "Reforma laboral-Ley-25877", editado por Rubinzal-Culzoni Editores, no existe posibilidad alguna de aplicar un tope, en particular sobre la base de la veda que existe en nuestro Derecho Positivo para la aplicación analógica de las convenciones colectivas, ante lo establecido por el art. 16 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por ello, para el cálculo de la indemnización por antigüedad, tendré en cuenta la suma de $ 4247 como la mejor remuneración normal y habitual percibida por el actor - esto es, $ 4.023 según pericia contable obrante en autos, con más la inclusión del Decreto 392/03 - el que entiendo aplicable ya que comparto la tesitura de la actora que esboza en su alegato, en cuanto a que resulta de aplicación para el universo de trabajadores privados, lo que así declaro.

Con relación a la inconstitucionalidad planteada por la parte actora, con referencia a la imposibilidad de actualización de las sumas de condena, entiendo que la aplicación de los intereses que se impondrán, dejan sin sustento el aparente perjuicio que irrogaría tal omisión, tal como vengo sosteniendo en casos análogos, máxime considerando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: "Es necesario que quien tacha de inconstitucional un precepto legal demuestre de manera acabada el perjuicio concreto que le ocasiona la norma que impugna" - Fallos 303: 1129- extremo que no se advierte producido en este caso, por lo que el planteo será rechazado, lo que así declaro.

Ahora bien, la parte actora reclama el pago de las asignaciones que por vía de decreto se concedieron a los trabajadores privados, y que entiendo proceden tal como lo señalara precedentemente.

En consecuencia el actor será acreedor a las siguientes sumas, teniendo en cuenta la fecha de ingreso en 12 de noviembre de 1979, egreso en 20 de noviembre del 2004, mejor remuneración de $ 4.247, a saber: $ 600- por asignación decreto 1273/02, $ 860- por asignación decreto 2641/02, $ 1.600- por asignación decreto 905/2003, $ 2.949,33- por incremento decreto 392/03, $ 533,33- por asignación decreto 1347/03, $ 2.831,33- por días de noviembre 2004, $ 1.415,67- por integración mes de despido, $ 117,97- por Sac sobre integración, $ 1.650,32- por Sac proporcional segundo semestre 2004, $ 5.278,17- por Vacaciones proporcionales 2004, $ 8.494- por indemnización sustitutiva de preaviso, $ 707,83- por Sac sobre rubro anterior, $ 106.175- por indemnización por antigüedad, $ 84.940- por arto 16 de la ley 25561, todo lo cual asciende a la suma de $ 218.152,95-. (art. 103,121,123,150,155,156,231,232,233 y 245 de la L.C.T., art. 477 del CPCCN).

Asimismo la accionada deberá hacer entrega al actor del correspondiente certificado de trabajo y aportes previsionales, bajo apercibimiento de astreintes (art. 80 de la L.C.T., 666 bis del C.Civil, 37 del CPCCN).

Con respecto a la indemnización solicitada con fundamento en el art 2° de la la ley 25323, la misma no la encuentro procedente habida cuenta que en todo caso el actor intimó - requisito formal para acceder a la misma- para lograr su reinstalación y no para el cobro de las indemnizaciones legales, por lo que atento la propia naturaleza del reclamo se impone su rechazo. (art. 499 del C.Civil).

Idéntica suerte para el pedido de multa prevista en la ley 25345 por la falta de entrega del certificado de trabajo y aportes previsionales, ya que el actor ni siquiera efectuó la intimación fehaciente prevista en el art. 45 de la ley 25.345 por lo que dicho rubro será desestimado, deviniendo abstracto expedirme sobre la inconstitucionalidad planteada respecto al art. 3 del decreto 146/01, lo que así declaro.

Tampoco tendrá andamiento el premio por veinticinco años de antigüedad, ya que ha sido incluido en la liquidación practicada en el inicio sin presupuesto fáctico ni jurídico alguno, lo que así declaro (art. 499 del Código Civil).

II) Las sumas objeto de condena llevarán intereses desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago, debiéndose aplicar la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara en consonancia con la resolución n° 8 de la C.N.A.T. modificatoria del Acta n° 2357. (art. 509 y 622 del C.Civil, Acta n° 2155/94 de la C.N.A.T., art. 8° ley 23928, Resolución n°8 de la C.N.A.T. modificatoria del Acta 2357).

III) Atento la forma de resolverse el litigio, las costas serán impuestas a cargo de la parte demandada vencida en lo principal. (art. 68 del CPCCN).

IV) A fin de regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes y perito interviniente, tendré en cuenta la importancia y calidad de las tareas cumplidas, el valor del litigio y el resultado obtenido. (art. 38 de la L.O., ley 21839, D/L 16638/57).
Por lo expuesto, constancias de autos y citas legales: FALLO: 1) Haciendo lugar parcialmente a la demanda por despido incoada en forma subsidiaria por GUILLERMO NORBERTO ACEDO contra I.B.M. ARGENTINA S.A. Y condenando a ésta a abonar al actor dentro del quinto día de notificada la presente, la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO ( $ 218.152,95-) con más sus intereses establecidos en el segundo considerando y mediante depósito a realizarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Tribunales-. Asimismo la accionada deberá hacer entrega al actor del correspondiente certificado de trabajo y aportes previsionales bajo apercibimiento de astreintes. 2) Rechazando la demanda incoada por nulidad del despido y pedido reinstalación interpuesta por GUILLERMO NORBERTO ACEDO contra IBM ARGENTINA S.A. 3) Impónese las costas a cargo de la parte demanadada vencida en lo principal. (art. 68 del CPCCN). 4) Regúlanse los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 14%, de la parte demandada en el 12% y del perito contador en el 6%, todos a calcularse sobre el monto de condena con más sus intereses ( art. 38 de la L.O., ley 21839, D/L 16638/57).

Se hace saber al obligado al pago de honorarios de abogados y procuradores, que en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inciso 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3° del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (art. 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN N° 6/05).
Cópiese, regístrese, notifiquese y oportunamente con citación Fiscal, ARCHIVESE.